La polémica surge por una nota sobre licitaciones para compras de equipos de seguridad a empresas sin exigir que estén registradas o tengan licencias de funcionamiento

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3 de enero de 2019, 9:50 AM
3 de enero de 2019, 9:50 AM

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) iniciará un juicio penal contra el periodista Raúl Peñaranda por una nota periodística sobre la contratación de empresas de seguridad, de acuerdo a una carta notariada entregada el 27 de diciembre.

El comunicador, de acuerdo a un reporte de su portal 'Brújula Digital', calificó la acción como un “acoso a la libertad de expresión y de prensa” y denunció el hecho ante entes nacionales, como la Asociación de Periodistas de La Paz, la Asociación Nacional de la Prensa y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia. También envió su queja a entidades internacionales sobre este hecho, como el Comité para la Protección de Periodistas.

Los datos indican que la publicación, realizada el 21 de diciembre, detallaba que Entel realiza licitaciones para efectuar compras e instalación de equipos a empresas de seguridad sin exigir que éstas sean legalmente reconocidas ni tengan licencia de funcionamiento, como establece la norma.

Peñaranda expresó además su sorpresa porque la notaria Nelly Segales Jarro se trasladó en persona hasta el domicilio para entregarle la misiva. "No era necesario que la notaria llegara hasta mi casa para entregarme la carta, podría haber sido enviada mediante mensajero", dijo.

"La nota periodística de Brújula Digital sobre Entel es correcta, no tiene errores y está sustentada. Lo que el Gobierno pretende, como en ocasiones anteriores, es amedrentarme y evitar que información crítica sobre esa empresa sea conocida por el público”, acotó el periodista, enfatizando que "en este caso no corresponde un proceso penal porque la Ley de Imprenta está vigente".

Fueron dos cartas enviadas a ese medio por parte del gerente nacional de Administración y Finanzas de Entel, José Arturo Molina. "La nota periodística constituye una acusación infundada y la misma tiene ribetes de ilícitos penales, ya que nadie puede acusar públicamente sin tener una información objetiva, idónea, precisa y concreta", explica la primera misiva.