El diputado de MAS no podrá beneficiarse con horarios y salidas para el trabajo y tendrá que pagar una fianza de 200.000 bolivianos para cumplir su detención domiciliaria, además de cumplir un arraigo

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2 de agosto de 2019, 18:47 PM
2 de agosto de 2019, 18:47 PM

Un juez ordenó la detención domiciliaria del diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lucio Gómez, por su participación en presuntos hechos de corrupción registrados en la Alcaldía de Quillacollo, del departamento de Cochabamba, informó el viernes la fiscal de materia, Faridy Arnez.

"En relación al diputado nacional, la Constitución Política del Estado prohíbe taxativamente que se pueda determinar una detención preventiva. En ese sentido, el Ministerio Público ha solicitado la detención domiciliaria", dijo a los periodistas al final de una audiencia de medidas cautelares en el Juzgado de Instrucción Penal de Quillacollo.

En enero pasado, el testigo y propietario de audios que fueron presentados como pruebas, el exsecretario general municipal, Jesús Saldivar, admitió que se beneficiaba con el 1% de cobros por coimas, extorsiones y diezmos que presuntamente se realizaba a las empresas contratistas de la Alcaldía de Quillacollo y que eran perpetrados por al menos 10 sindicados, entre ellos autoridades municipales.

Según Arnez, el diputado no podrá beneficiarse con horarios y salidas para el trabajo y tendrá que pagar una fianza de 200.000 bolivianos para cumplir su detención domiciliaria, además de cumplir un arraigo.

Agregó que el legislador tiene también prohibido acercarse a los testigos del caso u otros implicados que están bajo investigación. "Se ha dispuesto que tenga dos custodios", agregó.

La fiscal manifestó que la decisión judicial se basó en la imputación realizada por el Ministerio Público, por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias y concusión.

El juez de la causa ordenó, además, que el jefe de Personal de Salud, Osman Ponce, cumpla una detención preventiva en la cárcel de San Pedro, de Sacaba, por el mismo caso y que el exdirector municipal de Educación, Noé Baspineiro, acate medidas sustitutivas a la detención preventiva, entre ellas, el pago de una fianza de 20.000 bolivianos.

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