La AI mostró su "preocupación en relación con las amenazas y acusaciones públicas contra organizaciones y defensores y defensoras de los derechos humanos por parte de autoridades de alto nivel

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13 de junio de 2019, 15:00 PM
13 de junio de 2019, 15:00 PM

Amnistía Internacional (AI) expresó su "preocupación" por un "entorno hostil" del Gobierno de Bolivia con el trabajo de activistas de los derechos humanos, según un informe divulgado este jueves de cara al examen de la ONU al que se someterá el país en noviembre.

La AI mostró su "preocupación en relación con las amenazas y acusaciones públicas contra organizaciones y defensores y defensoras de los derechos humanos por parte de autoridades de alto nivel, como el presidente (Evo) Morales y el ministro de Gobierno (Interior) Carlos Romero". 

"Todo ello ha generado un entorno hostil para el trabajo de derechos humanos y la libertad de expresión, asociación y reunión", concluye el organismo independiente.

El documento de AI fue elaborado de cara al examen periódico universal (EPU) de la ONU al que se someterá Bolivia en noviembre de 2019 y en el que se evalúa el cumplimiento de recomendaciones hechas al país anteriormente sobre diversos temas, como los derechos sexuales, los indígenas o la formación de una Comisión de la Verdad para investigar violaciones de los DDHH en las dictaduras entre 1964 y 1982.

"Las amenazas y los ataques dirigidos (contra activistas de los DDHH) y el hecho de que Bolivia no haya aceptado la única recomendación relativa a la situación de estas personas, siguen suscitando preocupación a Amnistía Internacional", enfatizó el organismo.

"Durante los últimos dos años, el trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos conlleva más riesgos y su situación se ha deteriorado", agregó.

AI había denunciado en noviembre de 2018 que la presidenta de la Asamblea de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), la exmonja española Amparo Carvajal, fue hostigada por el Gobierno que la llamó "patrocinadora de organizaciones criminales" por respaldar en sus reclamos a un movimiento de cocaleros contrarios a Morales.

La APDH forma parte además de una Coordinadora Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) que se opone a la postulación de Morales, en el poder desde 2006, a un cuarto mandato presidencial.

La oposición ha intentado impedir la candidatura de Morales a un nuevo mandato alegando que un referendo nacional le negó esa posibilidad en 2016. Sin embargo, un año más tarde el Tribunal Constitucional avaló su candidatura bajo el argumento de que era un derecho humano.

Los 13 años continuos de gobierno de Morales se han caracterizado por la estabilidad económica, pero se han visto ensombrecidos por fuertes críticas por supuesta corrupción y dilapidación de los recursos públicos.

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