A 10 años del asalto al hotel Las Américas, el caso terrorismo no cierra

“Las horas previas fueron normales, cena liviana, decirle buenas noches a Eduardo (Rózsa) y entrar a mi habitación donde chateé con mi esposa unas cuantas horas hasta irme a dormir. El tiempo del operativo y después de este, fue de golpe en golpe, nadie decía por qué sucedía lo que hacían, no se identificaron, golpes e interrogatorio, con los ojos vendados, viajes en vehículos, cambios de vehículos, voces y más preguntas... lo que sí, a la mañana siguiente en El Alto, cuando me sacaron la venda de los ojos asocié una de las voces del interrogatorio con (Carlos) Núñez del Prado (ya fallecido) y a otros posteriormente”, recordó así Mario Tadic, desde Croacia, la noche previa al asalto del hotel Las Américas (madrugada del 16 de abril de 2009).

Tadic junto a Elöd Tóásó, el otro sobreviviente del operativo en el hotel Las Américas, conversaron con EL DEBER a un día de cumplirse 10 años del operativo contra la presunta célula terrorista, donde murieron Eduardo Rózsa, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer, acción que además provocó la salida hacia otros países de líderes cívicos y políticos cruceños que fueron asociados con la presunta organización criminal, cuyo juicio cumplirá siete años en octubre de 2019, sin que aún se dicte una sentencia.

Tanto Tadic como Tóásó, que en febrero de 2015 aceptaron ser culpables del delito de alzamiento armado en contra del Estado, ahora desde el exterior reiteran que la decisión de autoinculparse fue la única opción que encontraron para dejar su encierro en el penal de San Pedro, en La Paz, ya que no ven que el proceso judicial tenga un final cercano.

“La única manera de terminar con la farsa judicial era declararse culpable, aun sin serlo. De otra manera seguiríamos en un juicio que no tiene para cuándo terminar y mi familia seguiría sufriendo las consecuencias físicas, sicológicas y económicas”, rememoró Tadic, mientras Tóásó complementó que las opiniones que entregaba las Naciones Unidas sobre su detención no eran escuchadas en el proceso, por lo que no les quedó otra opción que “aceptar lo que se les ofreció desde el comienzo, aun en los primeros meses de la ‘investigación’, que era someternos a un proceso abreviado”.

Finalmente, ambos, señalan que, si bien los años de prisión fueron una tortura y un permanente dolor para sus familias, recordaron que en esos momentos duros consiguieron ‘tejer’ lazos de fuerte amistad con muchas personas, a las que prefirieron no nombrar por el temor de que caigan en alguna posible represalia.

Ignacio Villa Vargas, conocido como ‘El Viejo’ y supuesto infiltrado del Gobierno en el grupo de Rózsa, recordó desde su detención domiciliaria en su casa en Cotoca, encierro que debe cumplir por un año más hasta concluir con su condena, que la noche del 15 de abril (horas antes del operativo policial en Las Américas) recibió una llamada de Rózsa que le pedía ir hasta hotel, situación a la que él no accedió y después ocurrió lo que todo el mundo conoce.

“Querían matarme a mí también, este caso no debía quedar con ningún testigo”, agregó.

Para el Gobierno y la Fiscalía, la intervención fue necesaria, las muertes ocurrieron en medio de un cruce de fuego y negaron cualquier abuso a los derechos humanos en contra de Tadic y de Tóásó, de quienes dicen que se autoinculparon sin presiones y que luego escaparon del país.

Un caso, tres juicios

El proceso judicial que se inició un día antes del operativo y que se rotuló como caso terrorismo, a poco de cumplirse 10 años de la intervención en el hotel Las Américas no logra encontrar un final.

La semana pasada, luego de casi un año, recién se logró concluir con la lectura de una de las pruebas documentales que presentó la Fiscalía y que consiste en el listado telefónico de uno de los números secuestrados en la operación. Luego, viajes de una de las juezas ciudadanas y otras situaciones, volvieron a postergar la prosecución de las audiencias hasta el 20 de este mes.

Gary Prado, abogado de cinco de las 12 personas que aún asisten a las audiencias de juicio, dijo que este caso no sabe cuándo concluirá y añadió que lo que se quiere es jugar al desgaste de los implicados, ya que recordó que todavía se sigue tentando a los procesados con la posibilidad de someterse a procedimientos abreviados, a cambio de la libertad y de una aceptación de culpa dentro del juicio por terrorismo.

Pero este juicio, que cumplirá siete años en octubre próximo, en el tiempo ha generado otros tres juicios. Uno en el que se juzga por separado a Alfredo Ayala, otro en el que se juzga solo a Juan Carlos Santiesteban y un tercero, que comenzó a investigarse en 2009, que está abierto, tiene a 11 posibles autores y que hace un año no tiene movimiento de causa y que fue rotulado como terrorismo II, los supuestos financiadores del grupo de Eduardo Rózsa.

El Gobierno responsabiliza a la justicia por la demora del proceso

Marcelo Tedesqui

El Gobierno, a través del ministro de Justicia, Héctor Arce, responsabilizó y criticó al sistema judicial boliviano por la demora en el proceso rotulado como caso terrorismo.

Líderes opositores, por su parte, manifestaron que este proceso fue montado y advirtieron que el actual Gobierno deberá rendir cuentas por las muertes y el trato a los procesados en este caso.

“En principio aclarar que el juicio lo lleva adelante el Ministerio Público, no es el Gobierno”, y luego continuó: “Hay que hacer una crítica muy seria al sistema judicial boliviano porque 10 años después de estos hechos tan graves no se tiene una conclusión del proceso”.

Arce lamentó que la demora de una década “nos impide conocer la verdad de lo que habría ocurrido en uno de los episodios más complicados de nuestra vida institucional como país. Lamentamos que la justicia no hubiera dado respuestas”.

Sin embargo, hizo notar también que “hubo una actitud dilatoria constante y reiterada de los procesados. Infinidad de incidentes, y situaciones que evitan llegar a conocer la verdad”, dijo.

Indicó que si bien hay dos personas que se declararon culpables, Mario Tadic y Elöd Tóásó, y se sometieron a procedimiento abreviado, el proceso debe terminarse de una vez. “El declararse culpable es un principio de convicción, nadie se declara culpable sin serlo” y aseguró que eso sustenta el proceso.

El candidato presidencial por Bolivia dice no, Óscar Ortiz, cree exactamente lo contrario. “Claramente fue un montaje del Gobierno, sobre el cual existió absoluta impunidad. Está claro que en 10 años no lograron comprobar que hubiera existido ese complot y, por el contrario, sí se confirmó que había gente infiltrada desde la Policía”.

También apuntó a la justicia y aseveró que “está sometida al interés político de un partido y en su afán de consolidar su poder que no tuvo escrúpulos y mató gente, cometiendo ejecuciones extrajudiciales, privó de libertad a tantas personas y las sometió a un prceso que no debió durar más de tres años”.

Ortiz garantizó que “lo que sí hay es un caso contra este gobierno y en algún momento se procesará a los responsables de las ejecuciones y la violación de los DDHH de tantas personas”.

Por su parte, el candidato por UCS, Víctor Hugo Cárdenas calificó este hecho como una tragedia humana, personal, familiar y política. “Es la muestra de la politización de la justicia, 10 años sin sentencia, familias destruidas, manejo político lamentable”.

Señaló que el montaje tuvo un objetivo, destruir el liderazgo cruceño. “Desactivó la media luna, pero a un costo exageradamente alto. No hay argumento que justifique la pérdida de vidas humanas y el trato inhumano a los procesados”, acotó.

Sobre la desarticulación de la media Luna, el ministro Arce evitó realizar una valoración política. “Este fue un tema gravísimo, un grupo que se preparaba para sembrar violencia entre bolivianos y afectar la integración de la nación”. La autoridad tampoco quiso calificar la labor de los abogados del Ministerio de Gobierno, que llevan este caso.